EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA HA PRESENTADO UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE AMNISTÍA

 

Una vez que ha sido presentada en el registro del Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía he convocado y hemos celebrado una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hemos actuado tal y como anunciamos y nos comprometimos a hacer, como demandan de una manera claramente abrumadora los ciudadanos y la sociedad civil de la Región de Murcia. Como demandan, de hecho, la inmensa mayoría de españoles. 

Lo hacemos en defensa del ordenamiento jurídico y de la Constitución sobre el que se cimenta la convivencia democrática de los españoles. Este es un paso más en la batalla jurídica, política y social que vamos a dar desde el Gobierno de la Región de Murcia para frenar la amnistía. Hemos tenido ocasión de analizar en profundidad los aspectos que contempla esta proposición de ley que socava los mismos cimientos del Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de todos los españoles; una ley que responde a los intereses de quienes trataron de destruir la unidad de España y la convivencia pacífica de los españoles. 

La Constitución dio paso en 1978 a un cambio de régimen de manera ejemplar, que como tal fue aplaudido y estudiado en todo el mundo basado en la concordia, en el acuerdo de formaciones políticas hasta ese momento enfrentadas para, desde el más amplio consenso, iniciar el que ha supuesto el mayor periodo de paz y prosperidad en libertad de la historia de España. 

Los españoles apostaron por caminar juntos hacia un futuro mejor, en el seno de las instituciones europeas, que ahora miran con preocupación lo que sucede en nuestro país. Ese es el régimen que ahora quieren dejar atrás, una decisión que va mucho más allá de la política, que va incluso más allá de la enorme quiebra democrática que supone la destrucción de la separación de poderes y el sometimiento de la Justicia a las decisiones del poder político. Estamos ante un retroceso democrático y ante la pérdida de calidad de nuestra democracia. 

Se entierra con esta ley el espíritu del 78 que nos ha fortalecido durante más de 45 años como país. Todo este proceso se cimenta en la polarización de la sociedad, en el enfrentamiento entre bandos, en la radicalización de las posturas no ya en las instituciones, sino en la calle. 

La ley de la Amnistía es la ley de la discordia y la división, la ley del privilegio para unos pocos y la desigualdad para la mayoría. Y es hoy es igual de inconstitucional que antes del 23 de julio. Es una ley que responde exclusivamente al interés de una persona que ha dispuesto todo para garantizarse el poder a costa de humillar al país que debe proteger y defender. Nadie ha hablado de actuaciones que se vayan a desarrollar desde el Gobierno por y para los españoles, sino para satisfacer dos planteamientos totalmente ajenos a lo que éstos demandan: que quienes cometieron un delito puedan volver a hacerlo con total impunidad y que el candidato a la presidencia del gobierno obtenga el respaldo necesario para mantenerse en el poder. Se va a debilitar el Estado causando un grave perjuicio a quienes vivimos en él, y, por supuesto, a unos españoles más que a otros. 

Las pensiones, la formación universitaria, la red de ferrocarriles, la cesión de la totalidad de los impuestos a unas regiones o la condonación de la deuda. Todo ello quiebra la solidaridad nacional y va a suponer, ya a corto plazo, un enorme perjuicio para el millón y medio de españoles que viven en la Región de Murcia. Como españoles vemos cómo nuestro país se encamina a unas instituciones devaluadas, sometidas al interés de unos pocos; cómo los delitos que lo son en una parte de España dejan de serlo en otra; cómo se persigue a unos o se deja de hacerlo simplemente en función del apoyo que puedan prestar al Ejecutivo central. Que los jueces puedan ser corregidos por una comisión parlamentaria nos devuelve siglos atrás en los avances logrados por la sociedad hacia un régimen de libertades, menoscaba la Democracia en España. 

Como presidente del Gobierno de la Región de Murcia, mi obligación principal es la defensa del interés general del millón y medio de murcianos. Y en correspondencia a ese deber, el Gobierno de la Región de Murcia actuará para proteger los derechos de los ciudadanos que aquí viven y la igualdad de los territorios. El principio de igualdad entre todos los españoles desaparecerá, sin más, cuando esta ley quede aprobada, y se privilegiará a unos frente a otros, frente a los murcianos. Obviamente no podemos consentirlo y no lo vamos a hacer. 

No vamos a callarnos, por supuesto. Actuaremos con firmeza, con transparencia, alzando la voz desde la serenidad. No vamos a caer en la radicalidad, el insulto y el enfrentamiento. Recurriremos a todas las instancias necesarias para frenar una ley que es claramente inconstitucional y por ello, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha decidido que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma presenten un recurso de inconstitucionalidad, en cuanto esté aprobada. No podíamos dejar pasar u un solo día sin adoptar esta decisión con la que cumplimos una obligación ciudadana. 

La Constitución cuenta con mecanismos de defensa para evitar su incumplimiento y garantiza que si alguien quiere modificar su contenido debe ceñirse a un procedimiento reglado que, indudablemente, no pasa por incumplirla sino por contar 3 con una amplia mayoría que, evidentemente, no se da, y con la participación y la decisión del conjunto de la ciudadanía a la que ahora se priva de ese derecho. 

Nunca estuvo sobre la mesa el 23 de julio que se fuera a amnistiar a quienes vulneraron de manera flagrante las leyes para quebrar la unidad de España. Es más, se dijo justamente lo contrario. Nunca se planteó que España tuviera que negociar su relación con una de sus regiones con supervisión internacional; nunca se planteó que los jueces pasasen a estar supervisados por una comisión parlamentaria. Y desde luego, nunca se votó para que las decisiones que afectan a los murcianos se negociasen al margen de los murcianos entre el Gobierno de la Nación y el de otra comunidad autónoma. 

No es constitucional, no es de recibo y desde luego no es lo que nadie votó el pasado mes de julio. El retroceso de nuestra democracia nos preocupa, y nuestro compromiso con los murcianos, como así nos demandan, es actuar en consecuencia. Hoy el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Tenemos razón y tenemos la obligación de defenderla. 

No vamos a asistir cruzados de brazos a la quiebra de la democracia española por un interés que lo único que busca es eso: el de unos por destruir la unidad de nuestro país y el de otro por consentirlo para garantizar su permanencia en la Presidencia del Gobierno. No es moral y, sobre todo, no es legal