UPA reclama la actualización de la “Ley de quemas” regional

 

UPA ha pedido al consejero de Agricultura la adaptación del Decreto-Ley 6/2022, que establece excepciones a las pequeñas y microexplotaciones agrarias

La organización agraria UPA-MURCIA ha pedido al Ccnsejero de Agricultura, Antonio Luengo, que promueva la adaptación del Decreto-Ley 6/2022, aprobado por el Consejo de Gobierno murciano y que regula la quema de restos vegetales, ya que ha quedado obsoleto ante la modificación introducida recientemente en la Ley Estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular. UPA persigue con esta modificación que se permita la aplicación en la Región de Murcia de la legislación estatal, de rango superior.

En la misiva remitida al consejero de Agricultura, UPA recuerda que el pasado 23 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley que regula el sistema de gestión de la PAC y que en ella se incluyen una serie de modificaciones a diversa legislación previa, entre ella, el ya famoso apartado 3 del artículo 27 de la Ley 7/2022, que establecía con carácter general la prohibición de realizar quemas de residuos vegetales generados en las explotaciones agrarias.

La nueva redacción, publicada en el BOE el pasado 24 de diciembre y en vigor desde el 1 de enero de 2013, establece dispensa de la prohibición de quemas a las pequeñas y las microexplotaciones agrarias, precisamente las que constituyen el grueso de las existentes en la Región de Murcia.

Según Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA-Murcia, “las explotaciones agrarias familiares de la Región de Murcia deben disponer de las mismas condiciones de gestión de sus explotaciones que las previstas en otras Comunidades Autónomas, especialmente cuando están amparados por la legislación de ámbito estatal”.

UPA recuerda que durante meses y hasta la publicación del Decreto-Ley Regional, la gestión mediante quemas de residuos vegetales de explotaciones agrarias de la Región de Murcia careció de regulación y espera que ahora, la trasposición de la legislación estatal a la autonómica se realice con celeridad.