El PP acusa al gobierno local de negarse a tomar medidas contra la okupación y asegura que “viven ajenos al drama de muchos vecinos”

 

Seve González: “Creen que hablar de okupación es generar alarma social, pero la verdadera alarma social la crean los políticos cuando desconectan de las preocupaciones de los ciudadanos”.

La concejal y portavoz del Partido Popular en Jumilla, Seve González, lamenta que el equipo de gobierno socialista en el Consistorio “se niegue una y otra vez a tomar medidas contra la okupación”, y asegura de que “viven ajenos al drama de muchos vecinos que o bien se han quedado directamente sin sus viviendas o bien sufren problemas de convivencia con los okupas”.

González realizó estas declaraciones después de que el Pleno celebrado este pasado lunes, rechazara la moción en la que el PP instaba al equipo de gobierno a proteger a propietarios de viviendas frente a los okupas en el municipio. “Los socialistas de Jumilla creen que hablar de okupación es generar alarma social, pero la verdadera alarma social la crean los políticos cuando desconectan de las preocupaciones de los ciudadanos y se instalan en una realidad paralela”, criticó González.

“Para los vecinos, la okupación es un problema y una inquietud, pero para los socialistas no lo es. Está claro quién va en dirección contraria”, agregó. En el texto, los populares proponían medidas como devolver el IBI del Ayuntamiento al propietario de la vivienda por el tiempo que ésta haya sido okupada, o prohibir que un inmueble okupado pueda tener la consideración de morada o domicilio. También se concluía que el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos.

Por ello, los populares solicitaban que el Consistorio instase al Gobierno de España a aplicar diferentes medidas para disuadir de la práctica de este delito y corregir la actual inseguridad jurídica de los propietarios. Una de esas propuestas era la modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal, para permitir que las comunidades de propietarios puedan actuar frente a una okupación cuando afecte a la convivencia vecinal. Además, el Grupo Popular consideraba necesario instar a la modificación del Código Penal para endurecer las penas en caso de okupación, especialmente en el caso de mafias, así como para recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años. También se pedía la ampliación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con dos objetivos: por un lado, mejorar la protección de propietarios de viviendas cuando se hayan visto privados de la misma, y por el otro, asegurar el desalojo inmediato de la vivienda okupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía. Igualmente, en el texto se solicitaba instar a la mejora de la Ley de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un okupa, y para que una eventual inscripción se considerase nula y no constituyera prueba de su residencia o domicilio ni les atribuyera ningún derecho.

La negativa de los socialistas a esta moción se suma a su rechazo el pasado mes de mayo a la puesta en marcha de un protocolo de prevención y actuación frente a la okupación de viviendas en Jumilla. El PP defendía entonces que tanto el reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad como la Ordenanza Municipal sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana habilitan al Ayuntamiento a acordar planes para prevenir alteraciones del orden y garantizar la seguridad ciudadana, pero el equipo de gobierno argumentó que esta iniciativa generaba alarma social. Asimismo, en noviembre de 2020 la mayoría absoluta del gobierno local hizo que no prosperase la moción popular para que el Gobierno de España actuara, de manera urgente, a fin de garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada y para combatir eficazmente la okupación de viviendas.