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Los agricultores que quemen restos agrícolas se enfrentan a multas millonarias

 




El Ministerio reconoce por primera vez en la nueva ley de residuos que la incineración de restos vegetales supone un riesgo para la salud humana y el medio ambiente y solo admite esta práctica si existen plagas en los cultivos.

Las quemas agrícolas en el campo han pasado de ser una práctica tradicional en la gestión de los restos de podas a un problema medioambiental. El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, reconoce por primera vez en la legislación estatal que las quemas agrícolas suponen un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. De esta forma, el Gobierno central ha decidido clarificar mejor la legalidad de esta práctica y señala que «la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola» está prohibida con carácter general.


La incineración de las podas ha pasado hasta ahora por una ambigüedad legislativa que ha ocasionado problemas en la Región de Murcia. La ley solo permitirá la quema «con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento». A su vez, permitiría también la eliminación con fuego de estos restos en «entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión»

Ahora, la nueva ley considera como una ‘infracción muy grave’ realizar este tipo de prácticas, y estará penado con entre 100.000 euros y hasta 3,5 millones de euros.

Hasta ahora, la Región de Murcia se rige por una orden de la Comunidad de principios del pasado año en la que ponía coto a las quemas salvo si existía una plaga y la incineración era el único modo de acabar con este riesgo fitosanitario. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente consideran que dicha orden es coherente con lo dispuesto en la ley, ya que precisamente también regula la autorización individual que debe recibir cada agricultor si quiere quemar por problemas con un insecto o una enfermedad de la planta.


Al considerar los restos vegetales como un residuo, la ley obliga a seguir una jerarquía concreta en la gestión de las podas, priorizando el reciclaje (triturar y usar las astillas como compost).

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