Una juez investiga si la alcaldesa de Jumilla enchufó para una jefatura a una compañera de la lista del PSOE

La beneficiaria del supuesto nombramiento 'a dedo' pasó a cobrar 5.600 euros más al año.

La alcaldesa Juana Guardiola Verdú , está siendo investigada por un juzgado de Jumilla por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, derivados de la supuesta asignación a dedo para el puesto de Jefe del servico de limpieza de una compañera de la lista del PSOE a las elecciones municipales. 

Las diligencias judiciales  que impulsa la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 Ainhoa Recalde, tienen su origen en una querella interpuesta por el letrado José Antonio Izquierdo en representación  del Pp de Jumilla. 

Aunque Juana Guardiola estaba citada en el juzgado en el día de ayer, para declarar como investigada, no compareció siendo suspendida la vista. 

Los hechos investigados tienen lugar en octubre de 2017, cuando una trabajadora municipal presentó una solicitud para ocupar la plaza de Jefe del servicio de limpieza que se encontraba vacante y a la espera de que se ofertara la plaza para cubrirla. 

Se da la circunstancia, destacada en la querella, que esta empleada municipal había integrado la lista del PSOE a los comicios municipales y que por ir en el puesto 11, se había quedado fuera de la corporación, porque los socialistas sacaron 10  representantes. 

El mismo día que se presenta la solicitud, la técnico municipal de Recursos Humanos ya emitió un informe favorable, una premura que hace sospechar a los querellantes de que existía un acuerdo previo para asignar la plaza vacante de Jefe del servicio de limpieza.  Y apenas unos días después, la Junta de Gobierno Local, presidida por Juana Guardiola, aprobó su nombramiento.

Lo destacable de la querella, y su razón, son, por una parte no se hizo pública la oferta de la plaza vacante evitando cualquier competencia para cubrirla, y por otra, que desde dos años antes, el servicio de limpieza esta externalizado y lo asume una empresa privada, por lo que esa plaza no tiene razón de ser ni cometido alguno. 

El Gobierno Local, entonces, atribuye funciones de conserjería, logística y control de accesos a un puesto que no tiene relación alguna con dichas funciones y que a criterio de los querellantes es totalmente prescindible.