Jumilla junto a Librilla los Ayuntamientos con menos transparencia de la Región

 

La transparencia en la gestión administrativa de cualquier entidad pública local se fraguó en España al calor de la crisis financiera global de 2008 y, sobre todo, tras los numerosos casos de corrupción política y económica conocidos en la segunda década del siglo XXI. De ahí nació la Ley de Transparencia, en 2013, para dar respuesta a un creciente interés social, también hoy en día, que se centra en conocer cómo se administra el dinero de los ciudadanos desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central.

La ley obliga a los consistorios a publicar en sus páginas web una serie de informaciones relativas a la gestión financiera y económica del municipio: contratos, importes de licitación y adjudicaciones; subvenciones y ayudas públicas; presupuestos; convenios; retribuciones de altos cargos o las declaraciones anuales de bienes y actividades de los concejales de las corporaciones.

En la Región de Murcia, el nivel de transparencia de los ayuntamientos es, en general, bajo. Es la conclusión de un estudio realizado por Juan Antonio Meca Vallés, graduado en Administración y Dirección de Empresas y alumno del máster de Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad Politécnica de Cartagena, que centró su trabajo fin de máster en la transparencia del sector público local.

Estima que solo el 39% de los ayuntamientos aprueban en transparencia, y solo el 17,7% con nota alta (ocho en total de 45), mientras que 17 obtienen una nota media y otros 20 suspenden. De entre las cuestiones que se analizaron, la mayoría de los Ayuntamientos aprueban en la categoría de tener un apartado digital relativo a la información sobre transparencia y en menor medida tener publicados los presupuestos anuales. Sin embargo, la casi totalidad de los municipios no publican sus cuentas ni auditorías; los convenios firmados y subvenciones otorgadas o las autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad de los empleados públicos y las autorizaciones del ejercicio de actividad privada al cese de los concejales o alcaldes.

Los ayuntamientos más incumplidores son Jumilla y Librilla, que suspenden en todos los apartados que exige la Ley de Transparencia.

Por el contrario, sacan buena nota el Ayuntamiento de Campos del Río, al que solo supera Murcia. Otros como Totana, San Pedro del Pinatar, Cartagena, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz y Alcantarilla también obtienen muy buena nota.

Por lo general, Meca señala que “los esfuerzos en transparencia son mínimos” y pide a los ayuntamientos que comprendan que “publicar estas informaciones ayuda a afianzar la imagen de las instituciones”.

Tras elaborar un cuestionario que remitió a los consistorios, solo cuatro le acabaron respondiendo, de lo que deduce que existen “carencias en el sistema de control interno en los Ayuntamientos”. Los consistorios tienen que auditar a las entidades que dependen de ellos, y “esos informes se deben publicar”. “Con el bajo índice de respuestas, se puede deducir que no existen estas auditorías”.