El caravaqueño José Miguel Marín es el nuevo presidente regional de Coag-Ir
COAG-IR ha elegido este sábado a su
nuevo presidente, el caravaqueño José
Miguel Marín, que liderará esta organización durante los próximos cuatro años,
etapa en la que velará por los intereses de los agricultores y ganaderos de la
Región de Murcia sobre la base de la
ponencia de política agraria que ha aprobado también la Organización en
este mismo Congreso. La clausura de este Congreso la ha realizado el Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
José
Miguel Marín ha subrayado que, tras 45 años de andadura de la
organización agraria que ahora preside, “otros vamos cogiendo el testigo,
hombres y mujeres de distintas generaciones y comarcas; pero todos moldeados
por un mismo ideal: la defensa de la
agricultura y la ganadería de esta Región. Desde COAG-IR defendemos y
representamos el modelo profesional y social de la agricultura, que conforman
los hombres y mujeres del campo que trabajan directamente en sus explotaciones
y viven de su actividad”.
En la Región de Murcia -ha destacado
Marín- “tenemos dos realidades agrarias totalmente distintas: el regadío más
eficiente y el secano más rabioso, cada una de ellas tienen necesidades muy
diferentes, pero es esencial que el
sector agrario murciano en su conjunto defienda con solidaridad las necesidades
de todos. Solo con un sector fuerte, sólido en sus estructuras y con claridad
en sus objetivos, podrá mantener este motor económico y social que aporta
bienestar en la Región, vertebra el territorio y lo mantiene con vida”.
Como es preceptivo, en este Congreso COAG-IR ha aprobado su ponencia de política
agraria para los próximos cuatro años, en la que se recogen las propuestas
consolidadas de miles de agricultores y ganaderos murcianos, y que será la hoja
de ruta de esta Organización hasta su próximo Congreso. En dicha ponencia se abordan todas las cuestiones que afectan a
la actividad agraria de la Región de Murcia: la situación y retos de
mercado; cadena alimentaria; seguros agrarios; gestión del agua; la nueva
Política Agraria Común y su impacto en el agro murciano; desarrollo rural;
relevo generacional; perspectivas de empleo; y todas las implicaciones que afectan
de manera directa o indirecta al sector primario murciano. Destacan en la Ponencia Agraria de COAG las siguientes reflexiones:
Los agricultores y ganaderos murcianos
han demostrado que es un colectivo capaz de mantener un suministro estable de alimentos de gran calidad, seguros, diversos y
asequibles para el conjunto de la ciudadanía. La seguridad
alimentaria europea se ha demostrado que es una realidad. Incluso algunos
países y responsables políticos e institucionales están proponiendo la
soberanía alimentaria Europea como estrategia de futuro, algo que nuestra
organización viene planteando desde hace décadas.
Paradójicamente, a pesar de todo lo que ofrece a la sociedad, nuestro modelo de agricultura se encuentra debilitado y en riesgo, con descensos en la renta agraria, desmantelamiento de la actividad productiva en amplios sectores y territorios; donde existía una gran incorporación de jóvenes, hoy, asistimos al envejecimiento y el abandono.
En los próximos años, el modelo social
y profesional de agricultura se enfrentará a nuevos desafíos y exigencias adicionales que COAG-IR pretende afrontar. La agricultura deberá garantizar:
§ En primer lugar, el derecho a una
alimentación sana para todas las personas, ante una población
global creciente y mercados más volátiles, es decir, la seguridad alimentaria.
§ En segundo lugar, todo
esto deberá hacerlo de forma sostenible,
preservando el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y
contribuyendo a la mitigación del cambio climático (a la vez que se adapta a
sus adversos efectos en la producción).
§ En tercer lugar,
deberá ser más eficiente en el uso de
los recursos, para lo que necesitará recurrir a la innovación y especialmente, en el caso de la
energía, a fuentes renovables.
§ En cuarto lugar,
deberemos hacer frente a los procesos de integración de
la cadena alimentaria y la implantación de macro explotaciones en manos de
grupos de inversión que representan un modelo ajeno al social y profesional, lo
que amenaza la continuidad de la
explotación agraria profesional independiente.
COAG-IR
considera que el gran reto de la nueva PAC será la preservación y
fortalecimiento del modelo social y profesional de
agricultura mayoritario en Europa, de una agricultura con agricultores y
agricultoras. Ante estos retos ambiciosos
resulta incomprensible un recorte de los fondos agrarios, que supone una
pérdida del 12% del poder adquisitivo, aprobado por el Consejo Europeo, en
un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, que supondrá
mayores costes para agricultores y ganaderos.
En
este contexto COAGMURCIA reivindica y exige unos precios justos y unas rentas dignas
para
las gentes del campo. En caso contrario no hay sostenibilidad. Para ello han de abordarse el reequilibrio
de la cadena de valor y la competencia con terceros países, no únicamente
el mejor reparto de las ayudas. Igualmente, será fundamental contar con mecanismos de gestión y
regulación de mercado que afronten las situaciones de crisis,
bien dotados y financiados al margen de las ayudas directas. Asimismo,
habría que recuperar el principio de
preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen
las normas comunitarias.
Un
abanico de actuaciones en lo que concierne a los costes de producción,
cuya tendencia al alza ha reducido la rentabilidad del sector los últimos
lustros. En este aspecto es imprescindible apoyar inversiones para reducir la
dependencia energética de las explotaciones agrarias y favorecer el uso de energías renovables y
también para avanzar en la transformación digital de las explotaciones
agrarias. La transformación digital es
un gran reto para el sector agrario, con grandes oportunidades, pero
también riesgos y amenazas para nuestro modelo de agricultura y alimentación,
que en última instancia puede provocar una fuerte reconversión. En COAG-IR
tenemos claro que, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de
situar a los habitantes del medio rural
en
el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo. Para ello
es imprescindible garantizar un uso
democrático y social de las nuevas tecnologías.
Ante
las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar
la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena
agroalimentaria. La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que
acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de
manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles
para los consumidores.
El
valor que aportan a la economía los tres pilares básicos de la Cadena
Alimentaria (agricultura, industria y distribución) está equilibrado, en
torno a un tercio cada sector, sin considerar a estos efectos los bienes
públicos que a mayores aporta el sector agrario, en cuanto a sostenibilidad
territorial y medioambiental. La relación entre dichos eslabones está
totalmente desequilibrada, con evidentes posiciones
de dominio, desigualdades y abusos en el poder de negociación, prácticas
abusivas, etc. que producen graves distorsiones en el mercado, comprometen las
rentas y el futuro del eslabón más débil, el sector agrario, y no garantizan la
debida transparencia a los consumidores.
El
sector de la agroalimentario es España atraviesa una época de bonanza con
cifras macroeconómicas de récord en los últimos años.
Sin embargo, a pesar de las grandes
cifras de producción (valor de la producción en Murcia
2.803,5 millones de euros) exportación,
etc. a los agricultores y ganaderos no les va bien:
Ø Mientras
en 2007 había una superficie de frutas y hortalizas de 1.462.000 ha con 215.000
como titulares de explotaciones hortofrutícolas, en 2016 para un área en
producción aún mayor, 1.594.000 ha, había sólo 172.000 titulares, según datos
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, en 10 años mientras el sector había perdido un 20% de activos, la
superficie había crecido en más de 130.000 ha, un 9%.
Ø El valor de lo que producimos no llega
a quienes lo producimos. La cadena no genera valor para el agricultor, más bien
lo destruye con la intención de hacer desaparecer a las explotaciones
familiares: nos llevan a la ruina y somos reemplazados por grandes
extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento. La rentabilidad no asegura el relevo
generacional y agrava el problema de abandono del sector y despoblación del
medio rural.
Ø Frente a 933.059 explotaciones
agrícolas y ganaderas (INE, 2019), la distribución comercial, está fuertemente concentrada: los seis
primeros grupos de distribución comercial concentran el 53,2% de la cuota de
mercado en España.
Ø Los
agricultores estamos afrontando una presión sostenida en el seno de una cadena alimentaria desequilibrada, que
deja importantes márgenes en eslabones que no son el productor agrario, que
se ve presionado para sacar a cualquier precio sus producciones. Los eslabones
favorecidos en esa dinámica (proveedores de insumos, corredores,
intermediarios, mayoristas, exportadores, minoristas…) acumulan capitales a
costa del agricultor y del consumidor.
Ø Además,
comienzan a verse procesos de
integración toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los
proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que
llega al consumidor. En esta situación de integración, los agricultores y
ganaderos nos podemos ver inmersos en el proceso de alineación de intereses de
la cadena y convertidos en meros maquileros, con riesgo además de ser
automatizados.
La
renta total disponible para el sector agrario continúa en una senda de descenso.
La renta agraria, en términos reales, está un
12,5% por debajo de los niveles de 2003. La tendencia de los costes de
producción, medida a través de los consumos intermedios, va en alza durante
todo el periodo, alcanzando en un nuevo récord en 2020 y con un incremento del
31,2% en 10 años y del 76% en los últimos 20. Por ello, se hace imprescindible
emprender una serie de actuaciones que permitan revertir la situación y mejorar
la rentabilidad de agricultores y ganaderos.
Este contexto resta atractivo al
sector, COAG-IR recuerda que son absolutamente imprescindibles las políticas para posibilitar el relevo generacional
(priorización
de ayudas, formación integral, sistemas de acceso a la tierra…), que permitan
la jubilación adecuada de los agricultores de más edad, así como las políticas
que persigan eliminar la brecha de
género e incentiven la entrada de agricultoras y ganaderas.
Finalmente, es necesario recordar que buena parte de la
agricultura murciana está ligada al regadío y, por tanto, debe ser defendido y
protegido, al ser compatible con la sostenibilidad ambiental, favorecer la
creación de empleo y evitar la despoblación del medio. Como fundamento de la
posición estratégica de nuestra Organización, la política de regadíos tiene que
ir indisolublemente ligada a la política de desarrollo rural y, por tanto, a la
fijación de la población al territorio; al desarrollo socioeconómico que
permita equiparar las rentas de las zonas rurales a la de las zonas urbanas; a
la sostenibilidad del medio ambiente, merced a la labor de una agricultura
respetuosa con el mismo, dirigida al modelo de agricultor prioritario,
generalmente definido por esta organización agraria, que se mantiene durante
varias generaciones, frente al modelo de capital riesgo especulativo, que tiene
una duración de pocos años, esquilmando al máximo los recursos disponibles, sin
asentar población al medio rural, debido a su objetivo principal de
maximización de beneficios, produciendo la mayor cantidad posible en el menor
tiempo posible.
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