Investiga a la alcaldesa por presunta prevaricación

 

Este fin de semana el diario regional La Verdad publicaba que la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, está siendo investigada por el juzgado de Jumilla, por supuesto delito de prevaricación, lo que viene a ser que una autoridad dicta una resolución a sabiendas de que ésta es contraria a la ley.

Este viernes era llamada a declarar ante la juez sobre la contratación y pago de tres actuaciones en el Teatro Vico en marzo de 2019. Para ello el departamento de Cultura presentó la propuesta de contratación, que fue rechazada por la Junta de Gobierno por no contar con consignación presupuestaria, tal y como reflejó un informe de Tesorería e Intervención.

A pesar de ello, las tres actuaciones finalmente se llevaron a cabo, recibiendo en metálico los tres grupos que actuaron cerca de treinta y seis mil euros, correspondiente a la recaudación de las entradas, tal y como reflejó la taquillera en las hojas de taquilla que entregó en Tesorería.

Posteriormente esas tres facturas se presentaron en Intervención y Tesorería y en ellas no aparecía el código de autorización, por lo que estos departamentos pidieron explicación a la taquillera y al jefe de Cultura, instándoles a que ese dinero se ingresara en la cuenta del Ayuntamiento, algo que así hicieron las productoras de las obras.

Según el informe de la taquillera, continúa el relato de la Verdad, ella recibió verbalmente la orden de entregar a los grupos ese dinero, hecho que habría sido puesto en conocimiento de la alcaldesa. Cuando las productoras de los espectáculos entregaron las facturas, Intervención hizo constar que las facturas no correspondían con gastos previamente aprobados y comprometidos por insuficiencia de crédito presupuestario. Esos reparos fueron levantados en un Pleno, con los votos a favor del grupo municipal socialista.

La juez aceptó la denuncia interpuesta por el grupo municipal popular y llamó a declarar a la alcaldesa, a la edil de Cultura, al jefe de Cultura y a la taquillera.

Según el periódico regional, citando a fuentes cercanas al caso, la alcaldesa reconoció que había sido informada y se interesó por saber si el fallo era subsanable, además de ordenar que se tenía que devolver ese dinero. También señaló que no intervino directamente en la contratación y que, una vez restituido el dinero, todo se hizo con arreglo al procedimiento.