Murcia autoriza, a pesar de las alegaciones, la ampliación de la lechonera de CEFUSA en La Celia

 

Desde la Plataforma Salvemos Nuestra Tierra, denuncian que a pesar de las diversas alegaciones presentadas por la asociación de AAVV Casas de la Celia, la CC.AA ha autorizado la ampliación de capacidad de la lechonera de CEFUSA a 24.000 lechones, situada en la pedanía jumillana de La Celia, desestimando todas y cada una de las alegaciones que presentaron.

La Plataforma Salvemos Nuestra Tierra no comprende que de las casi veinte alegaciones que se presentaron, no se haya tenido en cuenta prácticamente ninguna, y justifique la autoridad regional que no es necesario hacer evaluación de impacto ambiental, a pesar de que se ha demostrado que se trata de un proyecto fraccionado que busca la ampliación de su capacidad productiva y que forma parte de la red instalaciones ubicadas en Cancarix. Medio Ambiente justifican en que la ley 21/2013 cuando enumera los supuestos de evaluación, no dice expresamente “…tal cantidad de cerdos, o asimilable”, y como los lechones no constan en los supuestos de evaluación, pueden poner millones de lechones sin necesidad de pasar por dicho procedimiento ambiental, vulnerando los principios de protección y mejora del medio ambiente, precaución, proporcionalidad, desarrollo sostenible, etc. La ley sólo contempla 2000 plazas de cerdos de engorde o 750 plazas de madres de cría; los 24.000 lechones no tienen que evaluarse. Como las empresas del sector ya saben que en Murcia no se evalúan los lechones, podrán estar ampliando indefinidamente sin necesitar evaluación de impacto ambiental, señalan desde Jumilla Nuestra Tierra.

La plataforma también denuncia que desde Medio Ambiente no han estimado pertinente que se realice una especie de “refundido” del proyecto donde se aclare el que ya existe y cómo se va a hacer lo proyectado.

Por otro lado, la mercantil afirma que “dispone de superficie agrícola suficiente para acoger la producción de purín de la explotación”, con lo que no se presenta Plan de Producción y gestión de Estiércol, a pesar de las graves molestias a los vecinos y los perjuicios al Medio Ambiente.

Además el Servicio de Sanidad Animal, afirma a raíz de la aplicación de purines como enmienda orgánica: “…Un uso o utilización inadecuada en su aplicación o distribución puede y debe ser denunciado por la persona que crea ser lesionada en sus intereses. Pero de la misma manera, su aplicación correcta, no lleva a la aparición de plagas de insectos; al menos esta Unidad no conoce casos de esa correspondencia.”

Puesto que las moscas sólo se incrementan con el buen tiempo y eso es lo mismo que pasa en todos sitios, el Servicio de Sanidad Animal afirma: “… Nada hace pensar que en este contexto, la posible proliferación de insectos en el entorno de esta explotación porcina sea particularmente diferente a la que pueda generarse en las más de 1500 granjas porcinas de nuestra región o más de 5000 explotaciones de otras especies que conviven y participan de forma tan notable en el PIB regional.

También dicen que “Evidentemente las medidas que ya ha adoptado la mercantil promotora del proyecto pueden mejorarse (intensificar las aplicaciones en la proximidad de las naves o balsas, proteger o disimular las trampas, bidones u otros artilugios de captura de insectos…)”. Pero no imponen ninguna medida, de modo, que se quedan tal cual están, después de todo, entienden que la AAVV se extralimita en sus peticiones y que puesto las molestias son a las personas, le correspondería al ayuntamiento, apuntan desde la plataforma.

La mercantil afirma que “Dado que no es objeto de un expediente el conocer las parcelas donde se aplicará el purín, (…) dentro de la actual legislación”, la Consejería indica que el estiércol (purín) queda excluido del ámbito de aplicación de residuos y suelos contaminados, y por lo tanto, no se precisará de autorización de gestión de residuos y que real decreto, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano indica que se autoriza la aplicación de estiércol a las tierras sin procesamiento previo; de modo que recomiendan seguir el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia y los programas de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y confían en que se haga bien.

Para Salvemos Nuestra Tierra, a la Consejería le debe parecer perfecto, no deben estimar necesario controlar las masas de agua subterráneas sobre las cuales se vierten los purines en superficie, de hecho ponen una tabla de la Confederación Hidrográfica del Segura de los criterios de actuación en Zonas Hidrogeológicas de Influencia Agropecuaria “ZHINA” para el control y salvaguardia de las aguas subterráneas y superficiales por afección de actividades agropecuarias, para que el promotor vea en qué supuesto está y la tenga en consideración.

Esta contaminación inhabilita su uso para consumo humano por las consecuencias tan dañinas que tiene para el organismo. Del mismo modo el uso agrícola de estas aguas se limita en ciertos cultivos, añaden desde la plataforma.

La mercantil expresa que “En la autorización obtenida para la instalación de la actual explotación no se exige la plantación de setos perimetrales.” de modo que no es necesaria la instalación de setos en el perímetro de la instalación para paliar olores, propagación de vectores y ayudar a la dispersión de los gases que se emitan.

Tampoco se contempla qué efectos significativos puede acarrear las instalaciones sobre el medio ambiente. Estas instalaciones se suman a las que ya existen en el entorno y no parece que eso vaya a repercutir lo más mínimo en el entorno cercano. De hecho, les parece que el recoger las aguas pluviales para utilizarlas para limpieza o riego, no es útil. La mercantil expresa que: “No es objeto de este expediente exigir unas medidas frente al cambio climático y, en todo caso, instalar una red de evacuación de aguas pluviales no es una medida para la lucha contra el cambio climático. Es más, la mercantil implementa en todas sus granjas medidas de minimización de emisiones establecidas y utiliza calderas de condensación que son más eficientes, además de utilizar gas natural como combustible que tiene menores emisiones de gases por unidad de energía producida. Por tanto, no se puede decir que la mercantil no implementa medidas que mitiguen el cambio climático

No se precisa establecer un programa de vigilancia medioambiental. Por tanto, no se tiene porqué monitorizar algún posible deterioro en el entorno. Se da por hecho que en ningún caso se podría perjudicar y no requiere de ningún tipo de supervisión. Por tanto, de acuerdo a la citada Resolución, “Transcurrido el plazo de dos meses sin que se notifique el otorgamiento de la licencia de actividad, esta se entenderá concedida con sujeción a las condiciones que figuren en la autorización ambiental autonómica como relativas a la competencia local”. Por tanto, cuando concluya la moratoria, se deberá dar licencia a dicha ampliación, a menos que el Plan General de Ordenación Urbana de Jumilla determine lo contrario.

El Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental, competente en el otorgamiento de las Autorizaciones Ambientales establece que velará por que la actividad se realice según proyecto y según el condicionado ambiental establecido, teniendo como objetivo el minimizar y corregir los impactos tanto durante la fase de explotación como tras el cese de la actividad, -en su caso,- así como permitir tanto la determinación de la eficacia de las medidas de protección ambiental (medidas correctoras y/o preventivas y Mejores Técnicas Disponibles) establecidas, como la verificación de la exactitud y corrección de la Evaluación Ambiental realizada”. A eso respecto la AAVV alegó que la baja calidad del proyecto aportado y la poca cantidad de especificaciones hacen que la premisa se quede cogida por hilos, lo mismo que los condicionados ambientales, que son mínimos y no quedan claros cuáles son, ni para el promotor ni para los interesados. Se interpeló que sería necesario que apareciesen listados de medidas exhaustivas a llevar a cabo por la promotora de modo que quedasen claras las obligaciones, aunando en un único apartado todas las medidas y no andar repartidas por distintas secciones del informe técnico. Ante esta solicitud les imponen un informe trienal y otro anual en materia de ambiente atmosférico; la Declaración anual de Medio ambiente y designar un operador ambiental responsable.

Algunas de las otras alegaciones presentadas, recuerda la plataforma Salvemos Nuestra Tierra, y que no han tenido gran repercusión en la concesión de Autorización ambiental para la ampliación de la lechonera de La Celia por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, han sido aislamiento térmico, olores, residuos, ocupación de monte público, etc. La Consejería se escuda en las leyes estatales, no quiere ver el gran problema que genera la falta de ordenación territorial a la hora de implantar las actividades económicas con alta afección al medio y a la calidad de vida, aspecto en el que sí son competentes. Se pasan las pelotas entre Administraciones Públicas.