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La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia exige medidas para la protección de las personas refugiadas ante la vulneración de sus derechos



Martes, 23/06/2020 Redacción Cope Jumilla

El pasado sábado se celebró el Día Internacional del Refugiado, y por ello la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, nos recuerda el incremento de personas desplazadas en el mundo a causa de la persecución, el cambio climático, las violaciones de los derechos humanos, los conflictos y la violencia, lo que ha provocado que haya casi 80 millones de personas desplazadas en el mundo.

Esta Coordinadora, junto con otras organizaciones, demanda que las Administraciones Públicas abran los ojos ante esta realidad y aporten soluciones efectivas y eficaces para la protección de estas personas en situación de desplazamiento forzado. Entre 2018 y 2019 el número de personas desplazadas se ha incrementado en 8,7 millones de personas.

Se estima que un 40% de las personas refugiadas son menores de 18 años, con la consiguiente falta de acceso a escolarización, el retraso en el crecimiento, la exposición a la violencia y las agresiones y la malnutrición.

Moisés Navarro, presidente de la Coordinadora murciana de ONGD señala que La falta de vías legales y seguras abocó, un año más, a muchas personas a recurrir a traficantes de seres humanos y a tomar rutas cada vez más peligrosas y mortales”.


 
                                              

El Gobierno de España y todos y cada uno de los gobiernos autonómicos deben ser conscientes de esta necesidad y aportar los recursos que sean necesarios para garantizar la protección de las personas refugiadas e impedir la violación de sus derechos, reclama Moisés Navarro, quien resalta que “En España, la pandemia COVID-19 ha provocado la paralización de los trámites para solicitar protección internacional, impidiendo a las personas poder hacer uso de este derecho”.

También exige el cumplimiento de las leyes internacionales de asilo y refugio, que se establezcan rutas legales y seguras para el desplazamiento de las personas y se cumpla rigurosamente el tratado de comercio de armas, el establecimiento y dotación de recursos a los sistemas de acogida para la población refugiada y el respeto a los derechos humanos (tanto en las fronteras como en los países de tránsito o destino).

Por último, Navarro pide al gobierno autonómico que exija al ejecutivo estatal que se atiendan las responsabilidades asumidas.


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